El primer fallo es una acción popular que lleva 20 años sin su cumplimiento material y refiere a la recuperación del espacio público sobre la calle 65 Norte, antiguo corredor férreo y a la solución de vivienda para cerca de 128 familias asentadas en este lugar. Por tanto, se le solicitó al secretario de Infraestructura, Carlos Alberto Córdoba, liderar el acatamiento de esta sentencia, para que sea esta administración la que dé una solución definitiva.
El segundo fallo, tiene que ver con la orden de un juez de construir reductores de velocidad tipo pompeyanos, mejoramiento de las condiciones de seguridad peatonal, acceso para personas en situación de discapacidad y el cerramiento del paso dentro del separador del tramo 3B sobre la carrera sexta. En la actualidad, es utilizado para el tránsito vehicular hacia la vereda Claridad y, los conductores para retornar deben maniobrar a través de un giro indebido que pone en riesgo sus vidas y la de los peatones. Para atender el dictamen, se propone al Municipio y a Movilidad Futura SAS, revisar una propuesta estructurada años atrás, relacionada con la construcción de una vía alterna que garantice la movilidad y disminuya la accidentalidad.
La tercera acción popular, ordena la protección del patrimonio cultural como derecho colectivo para la recuperación del Puente Viejo de Cauca que, debido a su deterioro, requiere una intervención urgente bajo los parámetros establecidos como un Bien de Interés Cultural para su conservación y restauración.
La cuarta, concerniente a la construcción del Centro de Bienestar Animal (Coso Municipal) teniendo en cuenta que, a la fecha la Administración Municipal cuenta con el predio para llevar a cabo el proyecto y varios estudios arquitectónicos; siendo necesario y estando pendiente, los diseños estructurales, hidrosanitarios y eléctricos para poder comenzar con la obra del mismo.
El quinto fallo tiene que ver con la construcción de la Unidad Técnica de Basuras (UTB) en la plaza de mercado de La Esmeralda, que tiene pendiente su cumplimiento desde el año anterior y es urgente su materialización debido a la afectación en la salubridad pública del sector.
“La Personería Municipal como organismo de control que defiende los derechos humanos y vela por la protección del interés público, hará un seguimiento a estas acciones judiciales con la finalidad de que sean tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo para su respectiva materialización en bienestar de los payaneses”, expresó el Personero Municipal.