Esta Agencia del Ministerio Público pide a la empresa de servicios públicos estudiar la posibilidad de congelar la tarifa mientras dure el estado de emergencia, en momentos en que la comunidad ha cesado sus actividades laborales.
Con el fin de verificar los cobros excesivos en la facturación del servicio de gas por parte de la empresa Alcanos de Colombia S.A., la Personería de Popayán inició una acción preventiva en función de garantizar la promoción y defensa de los derechos de los consumidores, quienes además de la crisis económica generada por la propagación del Covid 19, deben afrontar ahora significativas alzas en el cobro de este servicio público.
Este organismo de control municipal le solicitó a la gerente de Alcanos, Patricia Anaya Flórez, informar el cálculo de los costos unitarios de prestación de servicio de gas y la fórmula tarifaria aplicada durante los meses de marzo, abril y mayo del 2020, especificando el valor del metro cúbico y justificando el incremento. De la misma manera, si se hacen cobros basados en el consumo histórico, indicar el método aplicado y los periodos tenidos en cuenta para la obtención del promedio respecto al cual se realiza la facturación.
De igual modo, revisar en las facturas de cobro, la lectura anterior y la lectura actual de consumo para saber con claridad el gasto real facturado y anunciar las medidas que serán adoptadas por esta empresa para subsanar y brindar una solución clara teniendo en cuenta la emergencia sanitaria.
De acuerdo con el Personero Jaime Andrés López, este requerimiento fue enviado también a la Superintendencia De Servicios Públicos y a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), y se tomó luego de las múltiples críticas de los ciudadanos por incrementos excesivos en la tarifa de gas, las reiteradas protestas a las afueras de la empresa Alcanos y las innumerables quejas en redes sociales donde los usuarios manifiestan el aumento de la facturación hasta de un 100%, e inclusive en predios actualmente deshabitados. Por consiguiente, insta a esta empresa a tomar medidas que garanticen el derecho al consumidor, el debido proceso y a la dignidad humana.