El objetivo fue verificar las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas, luego de conocerse un preocupante informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre posibles vulneraciones a los Derechos Humanos de los detenidos.
Si bien la justicia debe ser implacable frente al delito, es cierto que existe una obligación constitucional de proteger sus derechos y de brindarles las garantías mínimas necesarias para que su permanencia en los centros transitorios de reclusión, sea en condiciones de dignidad.
En la visita adelantada se pudieron evidenciar las precarias condiciones de infraestructura, de seguridad, salubridad, entre otras, las cuales son agravadas por el hacinamiento que supera el 80%, pues un establecimiento que fue adecuado para albergar 80 personas, hoy cuenta con 141.
Cabe resaltar que, en el mes de noviembre de 2020, el Concejal William Campiño expuso consideraciones sobre la inviabilidad para la adecuación de la Institución Educativa como carceleta, argumentando que el establecimiento no cumplía con las mínimas condiciones de infraestructura para este propósito, tal y como quedó evidenciado en el informe presentado por la Defensoría del Pueblo.
Desde el Concejo Municipal de Popayán, se definió agendar un debate en el marco del periodo de sesiones ordinarias, para que la Administración Municipal responda e informe sobre las acciones que desde su responsabilidad se están adelantando a fin de mitigar esta situación que se está convirtiendo en una bomba de tiempo.