Tras dos años de trabajo conjunto, en alianza con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y organizaciones de la sociedad civil, el ente multilateral respaldó el avance de 12 casos de difícil resolución en Bolívar, Cauca, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta y Chocó.
A través de la Convocatoria de Litigio Estratégico y una inversión de $1,25 millones de dólares, se alcanzó a más de 3.200 personas organizadas en colectivos campesinos y étnicos, así como víctimas de despojo y desplazamiento forzado.
Durante
el cierre de dicha convocatoria, realizado en Bogotá, los representantes de las
organizaciones sociales vinculadas al proyecto tuvieron una participación
destacada. Una de ellas fue la de Cecilia Lozado Camacho, lideresa de la
Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas del Meta (ASOMUDEM).
“Nuestra
organización representa a las mujeres desplazadas de Mapiripán, quienes nos
hemos unido para lograr el restablecimiento de nuestros derechos. Nosotras hace
mucho dejamos de llorar. Ahora lo que pedimos es justicia, y este espacio fue
la oportunidad de recuperar confianza en la institucionalidad. Tenemos
esperanza en volver a nuestra tierra”, dijo.
La
Convocatoria de Litigio Estratégico logró la presentación de dos demandas
colectivas en los departamentos de Córdoba y Cauca; fortaleció el tejido social
de las organizaciones sociales vinculadas; promovió la participación de la
Agencia Nacional de Tierras en casos priorizados en ruta individual. También se
entregaron tres rutas de Litigio Estratégico específicas para comunidades
negras y tres adicionales con énfasis en enfoque de género. Se consolidaron
informes de afectaciones y se orientó para la ampliación de títulos colectivos.
La
estrategia permitió vincular a organizaciones como la Comisión Colombiana de
Juristas, Humanidad Vigente, Yira Castro e Hileros, que aportaron su capacidad
técnica en casos complejos y que gracias a su gestión dejan los resultados
señalados. Así mismo, se logró un impacto con el fortalecimiento organizativo,
generación de confianza y avance en procesos colectivos.
“Este
convenio es uno de los logros representativos de la administración: permitió
impulsar casos de difícil resolución y generar puentes para avanzar donde antes
no los teníamos. Colectivizar el proceso de restitución nos permite leer el
territorio de forma integral”, afirmó Paula Villa, directora jurídica de la
URT.
Alice
Beccaro, coordinadora del Fondo Multidonante, señaló: “la alianza con la URT
y las organizaciones de la sociedad civil permitió mirar el territorio de forma
colectiva y potenciar los procesos”. La funcionaria agregó que se prevé una
nueva Convocatoria de Litigio Estratégico para zonas de interés ambiental.