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Con un impulso decidido a la reparación colectiva étnica y campesina, la territorial de la entidad en el departamento consolida un avance significativo: 17.787 personas beneficiadas con la restitución de 274.124 hectáreas en ruta étnica y 1.807 en ruta individual.
El balance presentado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través
de su Dirección Territorial Cauca y Huila, evidencia resultados históricos en
la reparación integral de las víctimas. Estos logros responden a un
fortalecimiento institucional que ha permitido llegar a territorios
históricamente apartados, afectados por el conflicto y con complejas
condiciones de orden público.
Desde
junio del 2011 al cierre del 2025, solo en el Cauca, alrededor de 905.890 hectáreas
han sido inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (RTDAF), lo que evidencia el despojo en esta región, que
históricamente ha sufrido el flagelo de la violencia y la precaria capacidad del
Estado para enfrentar la situación, lo que ha causado que miles de víctimas
vieran la restitución como algo que no llegaba.
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Uno de los primeros logros del Gobierno de Gustavo Petro ha sido revertir la tendencia a la negación de las solicitudes de restitución presentadas por las víctimas: de las 1.655 decisiones de fondo adoptadas por el equipo jurídico, el 57% derivó en inscripción, lo que permitió que más solicitantes avanzaran en su proceso. Además, se adoptó la caracterización de 26 territorios colectivos, lo que representa un total de 415.593 hectáreas, el 46% de la tierra inscrita en los últimos 15 años.
Saldar una deuda histórica: enfoque
étnico y diferencial
En
la ruta colectiva se destacan los principales avances en el departamento.
Durante el presente Gobierno y bajo el acompañamiento de la Dirección
Territorial Cauca, se han emitido doce fallos de restitución con enfoque
étnico, lo que ha significado la restitución de 274.12 hectáreas,
equivalentes al 77% de lo alcanzado en toda la vigencia de la Ley 1448.
Estos
resultados han favorecido a siete consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas,
uno de ellos en el departamento del Huila. De esta manera, se ha beneficiado a
aproximadamente 16.928 personas y se ha consolidado un avance significativo en
la garantía de sus derechos territoriales.
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Además, la Dirección Territorial Cauca de la URT ha radicado 52 demandas colectivas para reclamar 891.692 hectáreas. De estas, 38 demandas (73%) fueron presentadas durante la actual administración, en reclamo de 452.794 hectáreas, lo que evidencia un impulso decisivo en la reparación de las comunidades étnicas y rurales. Se destaca que el trabajo articulado con el Consejo Superior de la Judicatura ha permitido la apertura de dos nuevos juzgados especializados, para lograr un total de tres en Popayán y uno en Neiva.
El campesinado como sujeto colectivo:
avances en ruta individual
Además
de revertir la tendencia a la negación de las decisiones de fondo, el equipo de
profesionales de la ruta individual ha podido intervenir 3.869 hectáreas de 671
casos que actualmente están en demanda. Esto, gracias al Modelo 8 de Seguridad
Humana que impulsa Giovani Yule, director general de la entidad, con el
propósito de articular el ejercicio de las guardias indígenas, campesinas y
cimarronas para las entradas a terreno de los funcionarios, evitando un enfoque
solamente militarista.
El municipio de Cajibío es la muestra del éxito en la implementación del Modelo 8, gracias al acompañamiento de la Guardia Campesina, que hace presencia en el sector. Hoy, este modelo permite contar con 124 casos en demanda y 119 sentencias distribuidas en 50 veredas del municipio, que hoy se encuentran en etapa de cumplimiento de órdenes judiciales.
Como
parte de la reivindicación de los derechos del campesinado, la URT también avanza
actualmente en la gestión de tres casos de sujetos colectivos campesinos en
Cauca: el de la vereda La Florida, en Cajibío, que se encuentra en etapa previa
a la presentación de demanda, con acompañamiento social y jurídico activo; el de
CIMA, en Mercaderes, que adelanta el registro de solicitudes y la toma de
pruebas sociales con apoyo catastral y jurídico permanente; y el de Cerro
Calandaima, en Miranda, ahora en fase de validación institucional. Esto marca
un hito: somos la primera entidad en atender al campesinado como colectividad
en el proceso de reparación integral.
Retorno digno y proyectos productivos
La administración actual ha ejecutado el 51% de
los proyectos productivos implementados durante toda la vigencia de la Ley
1448, en cumplimiento de órdenes judiciales, con una inversión total de
$5.857.968.499 pesos, de los cuales $336.149.000 corresponden a proyectos productivos
de tipo urbano, modalidad impulsada en el Gobierno de Gustavo Petro; una
asignación que supera los recursos destinados a este componente en
administraciones anteriores.
El progreso visible de la política de restitución de tierras también ha sido posible gracias a la experiencia y el profundo conocimiento del territorio por parte del mayor Giovani Yule, director general de la URT, quien desde su liderazgo ha promovido el trabajo coordinado con diferentes sectores sociales e institucionales, contribuyendo de manera decisiva a los resultados alcanzados en la reparación a las víctimas en el país. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!