Este mecanismo exige a las autoridades locales y departamentales, la protección de los derechos fundamentales constitucionales de esta población privada de la libertad, que han sido ignorados y desamparados.
Esta Agencia del Ministerio Público aclara que después de efectuar visitas de inspección a este centro de detención y de haber adelantado una acción preventiva, como consta en el oficio 2020-00884 de abril 13 del año en curso, dirigido al alcalde de Popayán, a la Secretaría de Gobierno y al Secretario de Salud, donde se solicitó un plan de contingencia para los centros de reclusión, en aras de hacer frente a la emergencia por el brote de esta pandemia, no se adoptaron medidas urgentes y necesarias para conjurar la crisis.
En vista de ello, la Personería Municipal anuncia la necesidad de adoptar medidas inmediatas para proteger a las personas que se encuentran en la carceleta de la URI en su dignidad humana, salud y vida, siendo sujetos de especial protección del Estado en razón a su vulnerabilidad.
“Esta situación evidencia una seria amenaza a los derechos fundamentales de la salud y la vida de los 40 detenidos de la carceleta de la URI, pues es notorio la capacidad de contagio a nivel mundial, y dadas las condiciones en que se encuentran los privados de la libertad, estamos ante un inminente contagio general. Este hacinamiento impide el aislamiento y las medidas sanitarias que se han previsto por la Organización Mundial del Salud, OMS, para evitar la propagación”, expresó el Personero Municipal, Jaime Andrés López.
Añadió López Tobar que hay una persona con el virus, y es de conocimiento general que los síntomas se presentan varios días después del contagio, lo que amplía la posibilidad, de la existencia de más casos positivos y la adopción de medidas urgentes para evitar su propagación en la ciudad.
En aras de salvaguardar los derechos fundamentales de los detenidos, a través de este mecanismo se ordena a las autoridades territoriales: disponer las medidas de salud necesarias a efectos de detectar y prevenir el Covid 19 para las 39 personas detenidas en la URI, y solicitar la adecuación de sitios para la reclusión de las personas que se encuentran en esta carceleta bajo las condiciones acordes a un aislamiento preventivo.
Igualmente, el suministro de los elementos de bioseguridad para prevenir contagios; limpieza y fumigación de las instalaciones, y el aislamiento preventivo del detenido positivo para Covid 19 en condiciones dignas y acorde con los protocolos médicos y de seguridad necesarios para evitar la propagación del virus.
“Es necesaria la intervención del Juez Constitucional para exigir a la autoridad administrativa cumplir sus funciones, pues pese a conocer la situación de los privados de la libertad y a la acción preventiva solicitada por esta Agencia del Ministerio Público, la condición de hacinamiento de los detenidos no cambió. Por tanto, con este mecanismo se busca adoptar medidas urgentes y necesarias para conjurar la crisis al interior de este centro de detención”, sostuvo el Personero.