Defensoría del Pueblo destaca acuerdo que evita parálisis del servicio de alimentación en estaciones de Policía y URI en Colombia


La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) prorrogará el contrato hasta octubre próximo. Los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes deberán ajustar los presupuestos para garantizar el servicio de alimentación en estaciones de Policía y URIs.


El Defensor del Pueblo instó a los actuales mandatarios locales y a quienes están aspirando a alcaldías y gobernaciones a cumplir con los compromisos pactados en mesa recientemente adelantada. 


 La Defensoría del Pueblo destaca el acuerdo logrado para evitar una parálisis del servicio de alimentación en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Colombia, que afectaría a poco más 17.500 personas privadas de la libertad, luego de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) manifestara no querer continuar con la prestación de este servicio esencial a partir del último día de este mes; es a los municipios y departamentos a los que les compete esta obligación de ley.  


La USPEC, que suministra la alimentación al 75% de los indiciados que están en estos centros de detención, prorrogará el contrato hasta el 31 de octubre de este año, fecha en la que se espera haya sido aprobado un proyecto de ley que extienda el servicio hasta junio del 2024. Lo anterior, mientras los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes ajustan sus presupuestos para que se pueda garantizar de manera definitiva. 


“Con este acuerdo se garantiza la prestación del servicio de alimentación en los centros de detención transitoria. Desde la Defensoría del Pueblo esperamos que se mantenga el ánimo constructivo de la mesa para que el acuerdo se cumpla a cabalidad y se garantice el derecho al mínimo vital de alimentación para los privados de la libertad que están en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.  



La mesa fue convocada por el Ministerio de Justicia luego de una recomendación hecha por la Defensoría del Pueblo en el ‘Informe especial de advertencia frente al suministro de alimentación en Centros de Detención Transitoria’, dado a conocer a finales del pasado mes de junio. 


Las asociaciones que representan a los entes territoriales se comprometieron a socializar con los mandatarios locales salientes el acuerdo y solicitar que dejen previstas las partidas para asumir la alimentación a partir de julio del próximo año. 


Otro de los puntos a los que se comprometieron los representantes de las asociaciones, la USPEC y el Ministerio Público establece, además, que se debe mantener la mesa para revisar los avances de los acuerdos y hacer propuestas que permitan brindar la garantía de la prestación del servicio. 


"Hacemos un llamado a los actuales mandatarios locales y a todos los candidatos a alcaldías y gobernaciones para que honren estos compromisos y se preparen para asumir su responsabilidad a partir de la fecha acordada", indicó Carlos Camargo Assis.


Además de la USPEC, la Defensoría y la Procuraduría, participaron en la mesa representantes de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Asociación de Ciudades Intermedias de Colombia (Asointermedias), Federación Nacional de Departamentos (Fedepartamentos) y Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).

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