Defensoría del Pueblo ha advierte riesgos para 27 de los 31 municipios del Chocó en los últimos cinco años.


La permanente vulneración de derechos humanos, la cual ha sido evidenciada a través de las Alertas Tempranas emitidas por la entidad, tiende a agravarse por cuenta de las disputas armadas entre los grupos al margen de la ley. 
El Defensor del Pueblo instó a los entes nacionales a volver la mirada hacia el Chocó, gobernar desde el territorio y adoptar planes de acción y rutas efectivas de atención, pues el conflicto y la precaria respuesta estatal han agudizado la crisis humanitaria que padecen las comunidades.
 “¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos lo esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, llamó la atención el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 
La Defensoría del Pueblo ha emitido varias Alertas Tempranas entre el 2018 y este 2023 para 27 de los 31 municipios con los que cuenta ese departamento del Pacífico colombiano. Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó son las poblaciones advertidas por la entidad.  
Durante el último cuatrienio se han incrementado las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, aseguró el Defensor del Pueblo de los colombianos: “Los homicidios, amenazas, señalamientos, desaparición forzada y estigmatización contra líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas han ido, desafortunadamente, en aumento”. 
A ello se suman las pocas denuncias realizadas de manera formal. “La falta de confianza en la institucionalidad, la tardanza en las respuestas, la carencia en la valoración para la adopción de medidas de protección y la intimidación ejercida por los grupos ilegales hacen que el silencio reine entre quienes están amenazados, sus familias y las comunidades”, indicó Carlos Camargo Assis. 


La disputa territorial entre la Guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal), mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones, entre otros. 

Entre enero y junio de este año fueron registrados 71 eventos, alrededor de 14.000 personas confinadas en 11 municipios; es decir, 71 comunidades resultaron afectadas. El actual paro armado del ELN tiene confinadas a 52 comunidades en cinco municipios de la subregión del San Juan, aproximadamente 9000 personas. Un total de 123 comunidades, unas 23.000 personas, mayoritariamente afro e indígenas, han padecido el rigor del conflicto armado en lo que va de este 2023. 

“Las graves afectaciones a sus derechos a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, libre movilidad, por mencionar algunos, tienen que llegar a su fin. Llamo a los entes competentes a establecer planes de acción, rutas efectivas de atención, para favorecer a las comunidades del Chocó”, expresó el Defensor del Pueblo.


Unión Panamericana, Carmen de Atrato, Belén de Bajirá y Atrato son los cuatro municipios que no han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo; sin embargo, está haciéndoles seguimiento porque ha habido manifestaciones de violencia de los actores armados ilegales en contra de sus habitantes. 

Carlos Camargo puntualizó diciendo que aunque no se ve una solución de fondo, dados los problemas estructurales de hace décadas, el Estado debe volver la mirada hacia el Chocó: “La respuesta estatal ha sido precaria, en consecuencia, ha agudizado la crisis humanitaria que padece la población civil. Es un departamento que, pese a la violencia generalizada, ha resistido los embates de la indiferencia de las instituciones nacionales, que deben pasar cuanto antes por el departamento, establecer campamento permanente y adoptar medidas de fondo”.

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