En la Sesión I de dicho ente, que congrega a los pueblos ancestrales, la Unidad de Restitución de Tierras, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, avanza en la consolidación de lineamientos técnicos y presenta el estado de cumplimiento de medidas judiciales y administrativas para la garantía de sus derechos territoriales.
En el desarrollo de su agenda nacional sobre derechos étnico-territoriales,
la Unidad de Restitución de Tierras (URT) participa en la Sesión I de la
Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), escenario de articulación
entre el Gobierno Nacional y los pueblos originarios, para el seguimiento a los
compromisos, la definición de rutas normativas y el fortalecimiento de la
políticas públicas en esta materia.
Durante la jornada, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, presentó el Decreto 1392 de 2025, orientado a
ajustar el marco normativo para la constitución, ampliación, reestructuración y
saneamiento de resguardos indígenas, en el contexto de la Reforma Agraria.
En este escenario, la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT posiciona
la necesidad de armonizar los procesos de restitución con las dinámicas de
formalización territorial, particularmente frente a los traslapes entre
solicitudes individuales y territorios indígenas, avanzando en la
construcción de lineamientos técnicos que permitan abordar estos casos con
seguridad jurídica y enfoque diferencial.
Como parte de este ejercicio, la URT presentó el balance actualizado
del cumplimiento de medidas cautelares, medidas de la ruta étnica de protección
y sentencias étnicas, en articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
y en cumplimiento de los acuerdos suscritos en la CNTI .
A corte de febrero de 2026, se reportan 61 medidas cautelares
asociadas a pueblos indígenas, con 125 órdenes, de las cuales 63 han
sido cumplidas y 62 se encuentran en proceso, evidenciando avances y retos
en materia de formalización y seguridad jurídica.
Así mismo, en el marco de la ruta étnica de protección (artículo 150
del Decreto Ley 4633 de 2011), se identifican 536 casos de comunidades
indígenas con medidas de protección, que concentran 1.135 órdenes,
mientras persisten órdenes pendientes y en proceso, que requieren impulso en su
seguimiento y articulación interinstitucional.
En relación con las sentencias étnicas, la URT reporta 42
sentencias que benefician a 44 comunidades indígenas, registrando avances
parciales, en un proceso que depende de la validación judicial y del
fortalecimiento de los reportes interinstitucionales.
Este balance evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de
coordinación institucional, así como la consolidación de mesas técnicas que
permitan mejorar la trazabilidad, el cruce de información y la toma de
decisiones, en un contexto donde confluyen múltiples figuras de ordenamiento
territorial.
La URT reitera que el cumplimiento de órdenes judiciales en materia de
restitución étnica está sujeto a la verificación de los jueces de restitución
de tierras, lo que implica retos adicionales en los tiempos de validación y
cierre efectivo de las medidas.
En este contexto, la entidad ratifica su compromiso con la
superación de rezagos, el fortalecimiento del seguimiento a la política pública
y la construcción de soluciones que garanticen los derechos territoriales
de los pueblos indígenas, en armonía con las demás formas de ocupación rural.
“La restitución étnica exige hoy una lectura integral del territorio y
de las obligaciones del Estado. Los avances que presentamos muestran resultados
concretos, pero también retos en la articulación institucional y en la
validación de las órdenes judiciales. Por eso, desde la URT estamos impulsando
lineamientos claros para atender los traslapes y fortalecer las mesas técnicas,
de manera que podamos garantizar seguridad jurídica, respeto por la
territorialidad ancestral y soluciones construidas desde el diálogo
intercultural”, afirmó Enelia Salinas,
directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.