El Juez Séptimo Penal de Buenaventura, con función de control de garantías, avaló la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de los investigados, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.
De acuerdo con las labores investigativas, este grupo delincuencial utilizaba una vivienda, ubicada en la calle Caguán del barrio Juan XXIII de ese puerto, para almacenar armas, y como refugió de los presuntos cabecillas con el fin de evadir la acción de las autoridades.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con agentes de la Policía Nacional, unidades de la Armada Nacional y de Fuerzas Especiales del Ejército realizaron un registro al inmueble en el que, además de las capturas, incautaron un fusil calibre 5.56, con dos proveedores y 49 cartuchos del mismo calibre, una escopeta calibre 12 con 5 cartuchos, y tres teléfonos celulares.
Durante la imputación, solo Martínez Torres aceptó cargos.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.